Amnistía Internacional presentó nuevo informe sobre ejecuciones, detenciones arbitrarias y torturas en Venezuela

Amnistía Internacional presentó su informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo durante el 2020, en el que destaca Venezuela, con numerosas denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza y homicidios ilegales cometidos por las fuerzas de seguridad durante todo el año.

El informe indica además que, quienes criticaban al gobierno de Maduro, como periodistas, profesionales de la salud y activistas de la política, fueron objeto de medidas represivas que incluían la criminalización, los juicios injustos y la detención arbitraria.

“Continuaron la práctica de la desaparición forzada, los periodos de detención en régimen de incomunicación y el aislamiento en las etapas iniciales de la reclusión. Los congresistas Renzo Prieto y Gilber Caro, detenidos por las FAES en marzo de 2020 y diciembre de 2019, respectivamente, sufrieron largos periodos de aislamiento y detención incomunicada”, reseñó.

En cuanto a torturas y malos tratos, acusaron a la administración oficialista de Nicolás Maduro de hacer uso recurrente de estas técnicas para obtener confesiones o declaraciones incriminatorias. Asimismo alertaron sobre uso excesivo e ilegal de la fuerza por parte de la policía, el ejército y los grupos armados contra manifestantes.

En este sentido, el organismo de derechos humanos mostró su preocupación por la impunidad por violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional.

Por otra parte, siguieron documentando juicios injustos para criminalizar a quienes mantenían opiniones distintas a Maduro.

ESCRUTINIO INTERNACIONAL

Amnistía precisó que a pesar de los continuos impedimentos del gobierno nacional, por eludir el escrutinio del sistema interamericano de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó durante el año siete medidas cautelares en favor de personas en Venezuela.

“Continuó el monitoreo de la situación del país a través de MESEVE creado por la Comisión Interamericana. La OACNUDH mantuvo un equipo de dos oficiales en el terreno, y en septiembre anunció el refuerzo de su presencia en el país y se comprometió a que tres procedimientos especiales visitarían Venezuela en 2021”, informó.

Por otra parte expusieron las persecuciones que sufrían los diputados de la Asamblea Nacional, que incluyen: la detención arbitraria, el uso indebido del sistema de justicia y las campañas difamatorias.

En materia de libertad de expresión, “se registraron más de 747 ataques contra la prensa y periodistas, incluidos actos de intimidación, ataques digitales, censura, detenciones arbitrarias y agresiones físicas”.

El informe indica que la misma suerte la corrieron defensores de derechos humanos, quienes por informar sobre la pandemia de COVID-19  sufrieron hostigamiento y amenazas. “Algunos fueron acusados de incitar al odio”.

Todo esto, añade, contribuyó al agravamiento de la crisis migratoria, por lo que al menos 5,4 millones de venezolanos habían salido del país, para diciembre, desde que inició la crisis humanitaria.

“La emergencia humanitaria continuó y se intensificó. Las condiciones imperantes, como la constante escasez de servicios básicos (agua, electricidad y combustible, entre otros), la deficiente infraestructura sanitaria y la dificultad para acceder a medicamentos y alimentos, se vieron agravadas por la COVID-19 y dificultan seriamente la capacidad de la población para cumplir las medidas de contención impuestas para frenar la pandemia”, dijo

Como consecuencia, otro sector afectado en la población ha sido el de las mujeres. “Las brechas de género, ya agravadas por la compleja emergencia humanitaria, se vieron exacerbadas por la COVID-19”.

En cuanto a la salud, lamentaron como los servicios continuaron deteriorándose por “la escasez de medicamentos básicos, que resultaban inasequibles para la mayor parte de la población”.

Para finalizar, advirtieron sobre las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas.

“Los derechos de los pueblos indígenas seguían viéndose gravemente afectados por la minería ilegal practicada en el Arco Minero del Orinoco y otras partes del país”, concluyó.

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