¿Qué se ha logrado a un mes de la Consulta Popular impulsada por Guaidó?

Ya pasó un mes desde la realización de la Consulta Popular impulsada por Juan Guaidó y la Asamblea Nacional electa en 2015. En su momento pocos entendieron el objetivo de esta iniciativa y la historia no es diferente en la actualidad, pues muchos se preguntan ¿cuál fue la utilidad de la misma para materializar el cambio político en Venezuela?

Y la duda se fundamenta en una verdad del tamaño del Salto Ángel: Nicolás Maduro sigue en el Palacio de Miraflores, al margen de los adjetivos que se pueden colocar al lado del cargo que ocupa. Pero para entender en su justa dimensión los efectos prácticos de la Consulta Popular, necesariamente hay que analizarla desde una perspectiva geopolítica.

La vida del gobierno encabezado por Guaidó está directamente vinculada con el reconocimiento internacional. Este aspecto estaba en serio peligro por el fin del periodo constitucional del Parlamento de mayoría opositora, previsto para el 5 de enero de 2021. En ese sentido, existía la urgencia de garantizar el respaldo luego de la fecha mencionada.

También estaba en juego el apoyo al mantra iniciado en enero de 2019: «cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres». Luego de dos años sin resultados tangibles, la posición de la comunidad internacional podía tener un giro inesperado ante el evidente desgaste de Guaidó como líder de la alternativa democrática en Venezuela.

Hasta este punto parece entendible la necesidad de llevar a cabo la Consulta Popular. Pero, luego de la participación de casi 7 millones de venezolanos, resulta pertinente revisar qué pasó con cada una de las exigencias que hizo la sociedad civil al marcar tres veces sí.

Pregunta 1: ¿Exige usted el cese de la usurpación de la presidencia de parte de Nicolás Maduro y convoca la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables?

Es obvio que nada de esto ha sucedido. Pero al tratarse de una exigencia al mundo, se puede decir que la voz de la oposición sigue sonando con fuerza a nivel internacional. La ruta trazada por la AN de 2015 contempla como punto de partida el desalojo de Maduro, a quien consideran ilegítimo por haberse reelegido en 2018 en un proceso cuestionado.

Esto parece haberlo asimilado la comunidad internacional, pues casi todas las democracias del hemisferio occidental demandan la realización de una elección presidencial. También se destaca la necesidad de que existan las condiciones electorales para que se lleve a cabo un proceso creíble y con garantías para todos los sectores.

El camino señalado por el mundo es el mismo de 2019 y eso es una victoria para la oposición, pues no se contempla la posibilidad de dar marcha atrás al desconocimiento de Maduro y mucho menos explorar otras vías agotadas en el pasado.

Pregunta 2: ¿Rechaza usted el evento del 6 de diciembre organizado por el régimen de Nicolás Maduro y solicita a la comunidad internacional su desconocimiento?

Este punto está estrechamente relacionado con el anterior, debido a que la AN de 2015 necesita mantenerse como el único interlocutor reconocido por el resto de los países. En ese sentido, se exige el desconocimiento de la AN con mayoría oficialista debido a que es el resultado de un proceso electoral que no cumple con los estándares internacionales.

Esto también incluye el control de activos en el extranjero, uno de los temas que ha generado mayor controversia en la política venezolana. Los más de 60 países que reconocen a Guaidó siguen respaldando a la AN de 2015, por lo que la Comisión Delegada seguirá funcionando pero sus decisiones sólo tendrán efectos a nivel internacional.

Organismos como la OEA o la Unión Europea han ratificado su rechazo al Parlamento presidido por Jorge Rodríguez. Y esto al parecer es también es una victoria importante para la coalición opositora.

Pregunta 3: ¿Ordena usted adelantar las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar nuestra democracia, atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad?

Tal vez es la gran deuda que tiene la oposición al cumplirse un mes de la Consulta Popular. Guaidó anunció la creación de una Comisión Especial para adelantar las gestiones e impulsar acciones para implementar en Venezuela el principio de Responsabilidad de Proteger (R2P), adoptado en 2005 por todos los miembros de la ONU.

«Este equipo deberá asumir la tarea de articular y coordinar esfuerzos y actores necesarios para lograr que el mundo tome las medidas que hacen falta para contribuir en esta materia», dijo Guaidó al momento de anunciar la creación de la Comisión Especial, de la cual todavía no se conocen los avances conseguidos en la materia.

No parecen haber demasiadas novedades al respecto y la presión sobre el gobierno de Maduro parece estar a la espera de la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, país que ha coordinado la mayor parte de los esfuerzos para encontrar una salida al conflicto venezolano.

No es suficiente

Si bien el reconocimiento de la comunidad es imprescindible, lo cierto es que la oposición venezolana requiere de una estrategia que le lleve a la ocupación fáctica que en estos momentos tiene Maduro. Y en ese sentido la Consulta Popular no ha sido el mecanismo que se necesita para generar el cambio político en el país.

El tiempo juega en contra de la alternativa democrática, que sigue en un proceso de desgaste producto de no haber cumplido con las expectativas generadas con las acciones que han impulsado hasta ahora. Hace mucho que Guaidó no tiene una convocatoria masiva en la calle y sumado al contexto por la pandemia del Covid-19, todo indica que cada vez será más difícil promover la movilización ciudadana.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ocho + veinte =